Los abajo firmantes, partiendo de la Declaración de Concordia suscrita el 20 de marzo de 2008 donde expresábamos: “Deseamos un orden que lejos de frenar el potencial creador del ser humano, lo libere de ataduras y lo estimule para generar riquezas y abundancia en todo el país”, declaramos lo siguiente:
1- La solución de dos problemas vitales de la población cubana como son la alimentación y la vivienda no pueden ser resueltos exclusivamente con los recursos del estado. Si esta verdad elemental, ya comprobada por medio siglo de experimentos en esas áreas, no es comprendida ahora que Cuba se adentra en una terrible crisis, las consecuencias serán catastróficas. La hambruna acecha los núcleos urbanos y la solución no puede ser la camboyización de la agricultura. Existe un déficit habitacional acumulado de más de un millón de viviendas que no pudo enfrentarse antes y menos será posible hacerlo ahora con la aspiración de reducir la construcción a unos pocos miles por año.
2- Estos problemas sólo tienen perspectivas exitosas de solución si la dirigencia política admite que la sociedad cubana no puede hacer frente a la grave crisis actual sin dar espacio legal a la actuación de múltiples formas de gestión, propiedad e iniciativa económica autogestionaria. El llamado “socialismo de estado”, ni es una opción viable en la actual coyuntura, ni es la única entre las diversas definiciones socialistas posibles y el pueblo tiene derecho soberano de superación personal independiente. La criminalización de las actividades económicas independientes contradice, por una parte, lo establecido en la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el gobierno cubano ya ha suscrito. Por otro lado, insistir en medio de esta crisis en reprimir en vez de liberar y fomentar el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país constituye una política contraproducente y criminal que conduciría en muy breve tiempo a una gravísima degradación de la condiciones de vida ciudadanas incluyendo hambrunas y otros males.
3- La gestión de múltiples fuerzas y actores económicos en la solución de esos y otros problemas tampoco puede lograrse si además de ser autorizada no se facilita de forma paralela el acceso legal y efectivo de los campesinos y trabajadores a la adquisición de medios de producción, instrumentos de trabajo, insumos y créditos.
4- Los firmantes reclamamos de las autoridades cubanas que sin más dilación legalicen la actuación de múltiples formas de gestión, propiedad e iniciativa económica independientes del Estado. Nos comprometemos, además, a hacer todo lo posible para recabar recursos destinados a respaldar el desarrollo de las actividades económicas autogestionarias de los cubanos en todas las áreas de producción en las que se manifieste la iniciativa de nuestro pueblo.
Dado a los 17 días del mes de agosto de 2009
José Alvarez, profesor adjunto y emérito, Florida, Estados Unidos.
Guillermo Asper, profesor de Information Systems en la Universidad de Brasilia, Brasil.
Juan Antonio Blanco, analista político, Canada.
Lorenzo Cañizares, sindicalista, Pennsylvania, Estados Unidos
Rolando Castañeda, economista, ex-funcionario del BID, Washington, D.C., Estados Unidos.
Oílda del Castillo, arquitecta jubilada, Maryland, Estados Unidos.
Raul Ernesto Colón Rodriguez, editor, periodista y traductor, Montréal, Canada.
Haroldo Dilla Alfonso, Sociólogo, República Dominicana.
Mickey Garrote, Bibliotecario, La Florida, Estados Unidos.
René Hernández-Bequet, Sindicalista, Florida, USA.
Ariel Hidalgo, maestro, Florida, Estados Unidos.
Olga Lastra, especialista en sistemas de computación, Florida, Estados Unidos.
Adrián Leiva, periodista alternativo en Cuba. Temporalmente en La Florida, Estados Unidos.
Pedro Ramón López, industrial, República Dominicana.
Antonio Llaca Busto, Cirujano, Venezuela.
Gerardo E. Martínez-Solanas, Economista y Politólogo, La Florida, Estados Unidos.
Silvia Pedraza, Profesora de Sociología, Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Oscar Peña Martínez, activista de derechos humanos, Florida, Estados Unidos.
Yvette G. Murphy, abogada, Florida, Estados Unidos.
Iván Pérez Carrión, periodista, República Dominicana.
Pedro Pérez Castro, sindicalista, Venezuela.
Ricardo Puerta, Sociólogo, Tegucigalpa, Honduras
Miguel Rivero, periodista, Portugal.
Augusto Rodríguez, periodista, La Florida, Estados Unidos.
Pablo Rodríguez Carvajal, activista de derechos humanos, Florida, Estados Unidos.
Caleb Vega Socarrás. Economista, California, EU.
Oscar Visiedo, Especialista en Sistemas de Información, La Florida, Estados Unidos.
1- La solución de dos problemas vitales de la población cubana como son la alimentación y la vivienda no pueden ser resueltos exclusivamente con los recursos del estado. Si esta verdad elemental, ya comprobada por medio siglo de experimentos en esas áreas, no es comprendida ahora que Cuba se adentra en una terrible crisis, las consecuencias serán catastróficas. La hambruna acecha los núcleos urbanos y la solución no puede ser la camboyización de la agricultura. Existe un déficit habitacional acumulado de más de un millón de viviendas que no pudo enfrentarse antes y menos será posible hacerlo ahora con la aspiración de reducir la construcción a unos pocos miles por año.
2- Estos problemas sólo tienen perspectivas exitosas de solución si la dirigencia política admite que la sociedad cubana no puede hacer frente a la grave crisis actual sin dar espacio legal a la actuación de múltiples formas de gestión, propiedad e iniciativa económica autogestionaria. El llamado “socialismo de estado”, ni es una opción viable en la actual coyuntura, ni es la única entre las diversas definiciones socialistas posibles y el pueblo tiene derecho soberano de superación personal independiente. La criminalización de las actividades económicas independientes contradice, por una parte, lo establecido en la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el gobierno cubano ya ha suscrito. Por otro lado, insistir en medio de esta crisis en reprimir en vez de liberar y fomentar el desarrollo de todas las fuerzas productivas del país constituye una política contraproducente y criminal que conduciría en muy breve tiempo a una gravísima degradación de la condiciones de vida ciudadanas incluyendo hambrunas y otros males.
3- La gestión de múltiples fuerzas y actores económicos en la solución de esos y otros problemas tampoco puede lograrse si además de ser autorizada no se facilita de forma paralela el acceso legal y efectivo de los campesinos y trabajadores a la adquisición de medios de producción, instrumentos de trabajo, insumos y créditos.
4- Los firmantes reclamamos de las autoridades cubanas que sin más dilación legalicen la actuación de múltiples formas de gestión, propiedad e iniciativa económica independientes del Estado. Nos comprometemos, además, a hacer todo lo posible para recabar recursos destinados a respaldar el desarrollo de las actividades económicas autogestionarias de los cubanos en todas las áreas de producción en las que se manifieste la iniciativa de nuestro pueblo.
Dado a los 17 días del mes de agosto de 2009
José Alvarez, profesor adjunto y emérito, Florida, Estados Unidos.
Guillermo Asper, profesor de Information Systems en la Universidad de Brasilia, Brasil.
Juan Antonio Blanco, analista político, Canada.
Lorenzo Cañizares, sindicalista, Pennsylvania, Estados Unidos
Rolando Castañeda, economista, ex-funcionario del BID, Washington, D.C., Estados Unidos.
Oílda del Castillo, arquitecta jubilada, Maryland, Estados Unidos.
Raul Ernesto Colón Rodriguez, editor, periodista y traductor, Montréal, Canada.
Haroldo Dilla Alfonso, Sociólogo, República Dominicana.
Mickey Garrote, Bibliotecario, La Florida, Estados Unidos.
René Hernández-Bequet, Sindicalista, Florida, USA.
Ariel Hidalgo, maestro, Florida, Estados Unidos.
Olga Lastra, especialista en sistemas de computación, Florida, Estados Unidos.
Adrián Leiva, periodista alternativo en Cuba. Temporalmente en La Florida, Estados Unidos.
Pedro Ramón López, industrial, República Dominicana.
Antonio Llaca Busto, Cirujano, Venezuela.
Gerardo E. Martínez-Solanas, Economista y Politólogo, La Florida, Estados Unidos.
Silvia Pedraza, Profesora de Sociología, Universidad de Michigan, Estados Unidos.
Oscar Peña Martínez, activista de derechos humanos, Florida, Estados Unidos.
Yvette G. Murphy, abogada, Florida, Estados Unidos.
Iván Pérez Carrión, periodista, República Dominicana.
Pedro Pérez Castro, sindicalista, Venezuela.
Ricardo Puerta, Sociólogo, Tegucigalpa, Honduras
Miguel Rivero, periodista, Portugal.
Augusto Rodríguez, periodista, La Florida, Estados Unidos.
Pablo Rodríguez Carvajal, activista de derechos humanos, Florida, Estados Unidos.
Caleb Vega Socarrás. Economista, California, EU.
Oscar Visiedo, Especialista en Sistemas de Información, La Florida, Estados Unidos.
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